La Dirección General de Migración (DGM), a través de su Dirección Jurídica y La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), sometió ante el Ministerio Público a un inspector adscrito al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), tras arrestarlo en flagrante delito mientras permitía el abordaje de dos ciudadanos dominicanos que tenían impedimento de salida del país.

A solicitud de la DGM y ante el cúmulo de pruebas presentado por el Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Esteban Nohassis Mogena González, quien cumplirá la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Al encartado se le imputa la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), los cuales sancionan la asociación de malhechores, la falsificación de documentos y la alteración de registros.

El hecho ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA. De acuerdo con las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales aportadas por la DGM a la Fiscalía, Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los controles migratorios. Uno de los pasajeros logró abordar un vuelo con destino a Las Bahamas gracias a dicha maniobra.

Las pruebas acreditadas en el tribunal detallan que el inspector atendió a los dos viajeros en el “counter” de Migración, donde omitió el escaneo de huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.

La DGM informó que mantenía un operativo de inteligencia contra el funcionario desde hacía varios meses tras detectar inconsistencias en sus labores.

Tras la imposición de la medida cautelar, la institución inició el procedimiento legal correspondiente para suspenderlo de sus funciones y proceder con su desvinculación definitiva, conforme a las normas que rigen la función pública.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reiteró que mantendrá una política de cero tolerancias y procederá judicialmente contra inspectores, agentes o cualquier servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.

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