La posible explotación de una mina de oro en San Juan de la Maguana ha encendido las alarmas en amplios sectores de la sociedad dominicana. No se trata simplemente de un proyecto económico más, sino de una intervención de gran escala que podría alterar de forma profunda el equilibrio ambiental, productivo y social de toda la región sur. Por qué le decimos no al Proyecto Romero, de la empresa minera GoldQuest Mining; porque lo que está en juego no es solo el oro bajo la tierra, sino el agua, la agricultura y el futuro de miles de familias.

San Juan es considerada el corazón agrícola del país. Desde sus valles fértiles se produce cerca del 60 % de los granos que consume la República Dominicana, incluyendo cultivos esenciales como habichuelas, maíz y otros rubros que sostienen la dieta nacional. Esta realidad convierte a la provincia en un territorio estratégico para la seguridad alimentaria. Sin embargo, ese mismo valor agrícola podría verse seriamente comprometido por la introducción de un modelo extractivo intensivo que históricamente ha demostrado ser incompatible con la producción sostenible de alimentos.

Uno de los aspectos más críticos de la minería de oro a gran escala es su impacto sobre el agua. Este tipo de operación requiere millones de litros diarios para los procesos de extracción, además del uso de sustancias altamente tóxicas como el cianuro y otros compuestos químicos. En contextos donde la supervisión es débil o los controles fallan —situaciones que no son ajenas a países como el nuestro—, el resultado ha sido la contaminación de ríos, presas y acuíferos.

En el caso de San Juan, la preocupación es aún mayor debido a su ubicación dentro de importantes cuencas hidrográficas que alimentan no solo a la provincia, sino también a otras zonas del sur como Barahona y comunidades aledañas. Un daño a estas fuentes de agua no sería un problema aislado: se convertiría en una crisis regional. La posibilidad de que sistemas de riego queden inutilizados o que el agua deje de ser apta para consumo humano plantea un escenario alarmante para la salud pública y la producción agrícola.

A esto se suma el impacto sobre el suelo y los ecosistemas. La minería a cielo abierto implica la remoción masiva de tierra, la eliminación de cobertura vegetal y la transformación radical del paisaje. Zonas que hoy forman parte del equilibrio ecológico —incluyendo áreas vinculadas a la cordillera Central— podrían sufrir procesos de deforestación, erosión y pérdida de biodiversidad. Estos cambios no solo afectan la flora y fauna, sino también la capacidad de la tierra para retener agua, regular el clima y sostener la agricultura.

El argumento de que el desarrollo minero traerá progreso económico también ha sido cuestionado. Si bien es cierto que puede generar empleos y atraer inversión, estos beneficios suelen ser temporales y altamente concentrados. En contraste, los daños ambientales pueden perdurar por décadas o incluso siglos. En muchos casos internacionales, comunidades que apostaron por la minería terminaron enfrentando territorios degradados, economías debilitadas y mayores niveles de desigualdad.

El impacto social es otro punto de preocupación. La instalación de grandes proyectos mineros suele implicar desplazamiento de comunidades, cambios en el uso de la tierra y tensiones entre sectores productivos. En una provincia donde la agricultura no es solo una actividad económica, sino una forma de vida, estos cambios pueden generar fracturas profundas en el tejido social.

Además, existe un elemento clave que no puede pasarse por alto: la vulnerabilidad institucional. Sin mecanismos de supervisión fuertes, transparencia en los contratos y una fiscalización efectiva, los riesgos de malas prácticas aumentan considerablemente. La historia reciente en distintos países demuestra que cuando la regulación falla, las consecuencias recaen directamente sobre la población y el medio ambiente.

Este escenario plantea una pregunta inevitable: ¿puede coexistir la minería de oro a gran escala con una provincia cuya principal riqueza es la producción agrícola y el acceso al agua? Para muchos expertos y sectores sociales, la respuesta es clara: el costo es demasiado alto.

San Juan se encuentra en un punto de inflexión. La decisión que se tome no solo definirá el futuro de la provincia, sino que sentará un precedente sobre el modelo de desarrollo que se quiere impulsar en la República Dominicana. Apostar por el oro podría significar comprometer recursos vitales que no pueden recuperarse fácilmente.

Más que un debate técnico, lo que se vive hoy es una discusión sobre prioridades nacionales. Entre el brillo del oro y el valor de la vida, el agua y la tierra, el país está llamado a decidir qué es verdaderamente irremplazable.