La Universidad de Columbia acordó pagar más de 200 millones de dólares al gobierno federal de Estados Unidos para resolver múltiples investigaciones por presunta discriminación, en particular por no proteger adecuadamente a estudiantes judíos, según denuncias impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump.
El pacto fue anunciado este miércoles e incluye el restablecimiento de fondos federales previamente suspendidos o cancelados a principios de 2025. En un comunicado oficial, la institución señaló que el monto será abonado en un plazo de tres años. “Columbia alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para resolver múltiples investigaciones de agencias federales sobre presuntas violaciones de las leyes federales contra la discriminación”, indicó la universidad.
Además, como parte de un proceso separado, Columbia deberá desembolsar 21 millones de dólares adicionales para cerrar una investigación conducida por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).
En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente Trump agradeció a Columbia por “aceptar hacer lo correcto” y advirtió que otras instituciones podrían enfrentar sanciones similares. “Numerosas universidades que han hecho daño a muchos, y han sido profundamente injustas… están por venir”, escribió.
El comunicado emitido por Columbia detalla que, bajo los términos del acuerdo, la mayoría de las subvenciones federales suspendidas en marzo de 2025 serán reactivadas, y se restaurará el acceso de la universidad a miles de millones de dólares en fondos federales actuales y futuros.
Pese al alto monto comprometido, el acuerdo no implica una admisión de culpabilidad por parte de Columbia. La presidenta interina, Claire Shipman, calificó el resultado como “un avance importante tras un período de escrutinio federal sostenido e incertidumbre institucional”. Añadió que el pacto fue diseñado “para proteger los valores que nos definen y permitir que nuestra asociación de investigación con el gobierno vuelva a encauzarse”.
La universidad también enfatizó que el acuerdo preserva su autonomía en decisiones clave como la contratación de profesores, las admisiones y las políticas académicas. No obstante, asumió nuevos compromisos en materia de seguridad y colaboración con autoridades federales.
El acuerdo se produce tras meses de tensión en el campus, especialmente por protestas propalestinas en el contexto de la guerra en Gaza. Durante 2024, Columbia fue epicentro de manifestaciones estudiantiles, algunas de las cuales derivaron en la ocupación de edificios universitarios y enfrentamientos con la policía.
Algunos estudiantes judíos denunciaron actos de intimidación durante esas protestas y cuestionaron a la universidad por no intervenir a tiempo. Las agencias federales también investigaron la respuesta institucional ante esos incidentes.
Como parte de las nuevas disposiciones, Columbia se comprometió a mantener una fuerza de seguridad en el campus para prevenir manifestaciones que alteren las actividades académicas. También deberá proporcionar de manera expedita información a las autoridades federales sobre estudiantes internacionales sancionados, expulsados, suspendidos o arrestados, así como sobre posibles actividades delictivas detectadas en el campus.
El martes, Columbia anunció acciones disciplinarias contra casi 80 estudiantes, incluyendo expulsiones y revocación de títulos. “Nuestra institución debe centrarse en cumplir su misión académica para toda la comunidad”, concluyó el comunicado.