Santo Domingo. La protesta pacífica realizada este martes por el Comité Institucional Codiano (CIC) frente al Ministerio de Hacienda y Economía marcó un punto de inflexión en el proceso de ejecución de la Ley 16-26, luego de que, durante el desarrollo de la actividad, el ministro de Hacienda y Economía informara que la comisión ejecutora ya celebró su primera sesión de trabajo y aprobó el protocolo que regirá la aplicación de esa legislación.

El piquete reunió a decenas de contratistas del CIC afectados por deudas históricas del Estado y se desarrolló de manera ejemplar, en un ambiente de absoluto orden, civismo y respeto al Estado de derecho. La jornada contó con una amplia cobertura de los principales medios de comunicación nacionales.

Los ingeniero Samuel Peña y Miguel Liberato, voceros del CIC, anunciaron que minutos después de iniciarse el piquete, elministro Magín Díaz, a través de un subalterno, envió un comunicado donde informaba sobre el inicio formal de los trabajos de la comisión ejecutora de la ley

Según lo informado, la primera reunión fue presidida por el propio ministro Magín Díaz y contó con la participación del contralor general de la República, Gerardo Espinosa; del director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; y del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

Durante esa sesión, de acuerdo con la información suministrada, fue aprobado el protocolo de aplicación de la Ley 16-26 y se adoptaron las primeras decisiones encaminadas a iniciar el proceso de reconocimiento y pago de las acreencias de los contratistas beneficiarios.

Los directivos del Comité Institucional Codiano valoraron este anuncio como un avance significativo y afirmó que constituye un primer resultado concreto de la lucha institucional y cívica que durante los últimos meses ha desarrollado para exigir el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.

El arquitecto Emiliano Familia, al leer un comunicado del CIC recordó que, antes de convocar la protesta, agotaron todas las vías institucionales disponibles. Entre ellas, comunicaciones oficiales al Ministerio de Hacienda y Economía, una intimación por silencio administrativo, se solicitó la intervención del Defensor del Pueblo y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y se acudió al Congreso Nacional para solicitar el ejercicio de su función de fiscalización.

No obstante, la organización precisó que este anuncio representa apenas el inicio de una nueva etapa y reiteró que mantendrá un seguimiento permanente al trabajo de la comisión ejecutora hasta que los expedientes sean evaluados con transparencia y comiencen los pagos contemplados en la Ley 16-26.

El CIC agradeció la masiva solidaridad de los contratistas, familiares, profesionales y ciudadanos que respaldaron la manifestación, así como la amplia cobertura brindada por los medios de comunicación, cuyo trabajo permitió que el reclamo por la ejecución de la Ley 16-26 llegara a toda la sociedad dominicana.

“La conformación de la comisión y el inicio de sus trabajos representan un paso importante, pero nuestra lucha concluirá únicamente cuando cada contratista reciba el pago que durante tantos años ha esperado. Seguiremos vigilantes y comprometidos con ese objetivo”, expresó la organización.