El equipo legal de las familias Mayol y Serrano presentó ayer una solicitud urgente al magistrado juez presidente Dr. Luis Henry Molina y demás jueces que componen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que fallen la recusación de los 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Esta recusación se entiende como una maniobra orquestada por la sociedad Global Multibusiness Corporation, representada por Rafael Helena Regalado, con el fin de obstaculizar y evitar que pueda ser conocido el recurso de apelación interpuesto con la sentencia que excluyó del proceso a las verdaderas víctimas, a saber, las querellantes: Hilari Mayol, Mayol & Compañía, Okra Company y Grand Cays.

Los abogados de la familia, liderados por los letrados Juan Tomás Vargas Decamps, Ignacio Miranda Cubilette, Manuel Sierra Pérez, Addy Manuel Tapia de la Cruz y Laura Acosta, aseguran en el escrito que después de haber transcurrido doce veces el plazo máximo que otorga la ley para decidir este tipo de incidentes, dicha recusación no ha sido fallada todavía. “El hecho que no se falle a tiempo las recusaciones contribuye, por omisión y sin desearlo, a la impunidad de quienes han violado la ley e impide a unas partes que le sean tutelados sus legítimos derechos y que ejerzan su derecho de defensa, el más sagrado de todos los que pueden ser enarbolados ante la justicia”, reza el escrito.

Asimismo, en la solicitud urgente presentada se pide la inhibición de la magistrada María Garabito Ramírez, jueza de la Sala Penal de la SCJ, “en las discusiones y decisiones relativas al presente caso”, tomando en consideración su grado de parentesco con una de las imputadas, Ailec Paloma Soto Garabito, que es su sobrina. Los letrados entienden que esta solicitud se justifica “por un tema de

delicadeza y de la exigencia de transparencia que conlleva el impartir justicia” aunque, sin embargo, reconocen la “seriedad y capacidad” de dicha jueza y su “trayectoria inmaculada”.