Santo Domingo.– La ampliación de corredores, rutas alimentadoras y carriles exclusivos para autobuses fue reclamada al Gobierno por el presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), Alfredo Pulinario Mariot (Tito), ante el temor de que la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) se convierta en un duro golpe para miles de familias que dependen del transporte público para sobrevivir.

El dirigente advirtió que cientos de unidades podrían quedar fuera de circulación por su avanzado deterioro, lo que dejaría a numerosos choferes sin vehículos para trabajar y, por consiguiente, sin su principal fuente de ingresos. Alertó que detrás de cada unidad que no supere la inspección hay trabajadores cuyo sustento familiar podría quedar comprometido.

Explicó que muchos de sus afiliados continúan ofreciendo servicios en vehículos con más de diez años de antigüedad y carecen de los recursos necesarios para sustituirlos, por lo que enfrentarían serias dificultades para cumplir con las nuevas exigencias técnicas.

Ante esta realidad, pidió al presidente Luis Abinader destinar el dos por ciento de los impuestos recaudados por los derivados del petróleo a un programa de renovación del parque vehicular, acompañado de la ampliación de corredores, rutas alimentadoras y carriles exclusivos para autobuses.

Pulinario Mariot sostuvo que no basta con exigir vehículos en óptimas condiciones si los transportistas no cuentan con facilidades para renovar sus unidades. Consideró que la inspección debe servir para transformar el sector, pero sin condenar a los trabajadores del volante a perder sus empleos y dejar desprotegidas a sus familias.

Aunque aseguró que Mochotran y sus autobuses están preparados para someterse a las evaluaciones, reconoció que cientos de sus afiliados utilizan vehículos que superan los diez años de antigüedad y necesitan ser reemplazados.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció la implementación de la Inspección Técnica Vehicular, conocida popularmente como «revista», en cumplimiento de la Ley 63-17, cuyo artículo 166 establece la obligatoriedad de una revisión técnica anual para los vehículos de motor.

La medida busca verificar que los vehículos que circulan por el territorio nacional reúnan las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para garantizar la seguridad vial.

En 2025 se anunció un proyecto para desarrollar el sistema mediante una inversión privada inicial estimada en 88 millones de dólares. Sin embargo, el director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, informó el pasado mes que el proyecto estaría listo para operar formalmente en el país en 2030.