Santo Domingo. – El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo, Hotoniel Bonilla, respaldó la petición de diversos sectores de extender el período previsto para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al considerar que el mismo contradice criterios fijados por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia sobre libertad de expresión.

“El Código contradice los criterios fijados por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia sobre la libertad de expresión, en especial cuando se refiere a denunciar el accionar de los funcionarios públicos, por lo que alertamos sobre el uso que pueda dársele como mecanismo de control político y social mediante la amenaza de la acción penal, instrumentalizando así al sistema de justicia, lo que incidiría en el debilitamiento del Estado de derecho y de los principios que rigen el sistema democrático”, sostuvo el jurisconsulto.

Explicó que al Código se le debe realizar un examen integral por parte de actores y expertos, en procura de superar las tensiones que puedan amenazar el orden democrático, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica del pueblo dominicano.

El abogado y dirigente político señaló que, cuando se aprobó el nuevo Código, fueron introducidas modificaciones y nuevas figuras penales que suponen una amenaza a las garantías constitucionales y un potencial quebrantamiento del bloque de constitucionalidad, aspectos que, a su juicio, deben ser analizados con detenimiento. La entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la República Dominicana, instituido mediante la Ley núm. 74-25, está prevista para el día 3 de agosto de 2026.

Agregó que entre las entidades que han solicitado al Poder Ejecutivo extender el período para la entrada en vigencia del Código Penal se encuentra la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), cuya petición de ampliar el período de vacatio legis de la Ley núm. 74-25 resulta oportuna, ya que recoge las inquietudes de amplios segmentos de la comunicación, la comunidad jurídica, académica y de actores del propio sistema de justicia que observan con preocupación algunas disposiciones contenidas en la importante legislación.

En ese sentido, denunció, además, que en la actual coyuntura, en la que sectores del oficialismo exhiben una notoria intolerancia hacia la opinión incómoda, que ha llevado a la persecución judicial de individuos que resultan molestos al poder, las disposiciones incluidas en el referido Código sobre la nueva construcción de tipos penales diseñados para reprimir supuestas conductas que afectan el honor podrían constituir un atentado contra la libertad de opinión y la libre expresión del pensamiento.

El exfuncionario del Ministerio Público alertó que, en momentos en que se intenta manipular la opinión pública mediante la construcción de una opción de continuidad del poder de turno basada en la influencia de grupos económicos con predominio político, resulta imperativo que dichas inquietudes y reclamos sean atendidos para preservar el clima democrático y las libertades públicas en la República Dominicana.