Faride Raful presentó el balance en la Fuerza de Tarea Conjunta y destacó que la seguridad ciudadana requiere la actuación coordinada de todas las instituciones del sistema.

SANTO DOMINGO.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que 314 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente a las autoridades entre el 17 de agosto y el 16 de octubre de 2026, según el balance presentado durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Fuerza de Tarea, 76 de las entregas correspondieron a personas buscadas por robo y asalto; 71, por homicidio; y 49, por tráfico de drogas. Los demás casos estuvieron relacionados con agresión y violencia, vehículos robados, delitos sexuales y otras infracciones.

El registro comprende 31 entregas entre el 17 y el 31 de agosto, 122 durante septiembre y 161 entre el 1 y el 16 de octubre.

Durante su intervención, Raful también abordó los avances de la transformación policial, la ampliación del nuevo modelo de patrullaje y la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones.

La ministra explicó que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre los organismos que integran el sistema, bajo la rectoría del Ministerio de Interior y Policía. En ese sentido, destacó la importancia de analizar indicadores, monitorear procesos y coordinar acciones, en lugar de delegar toda la responsabilidad en la Policía Nacional.

“No delegando solamente en la Policía Nacional, sino en todas las instituciones que pertenecen a este sistema que por primera vez trabaja de manera conjunta y que esta Fuerza de Tarea es la mejor evidencia de esto”, expresó Raful al referirse al trabajo articulado entre las instituciones.

La presentación de estos datos formó parte del balance de seguridad ciudadana realizado en la Fuerza de Tarea Conjunta, espacio en el que las instituciones revisan los indicadores delictivos y coordinan acciones para fortalecer la respuesta del Estado.