Familiares de decenas de ciudadanos dominicanos acudieron ante la Procuraduría General de la República, donde denunciaron que una presunta red internacional ha reclutado a varios de sus parientes bajo el ofrecimiento de falsos contratos de trabajo y luego los trasladan a zonas de conflicto armado en varios países.

Precisaron, que entre las víctimas de engaño se encuentran José Miguel González Pérez, de 42 años de edad y Juan Carlos de la Cruz, de 36, entre otros, quienes según sus parientes, fueron contactados con ofertas para trabajar como electricistas, mecánicos, albañileria y soldadores en Estambul, Ucrania, Colombia, Rusia y países de Medio Oriente, con promesas de altos salarios.
Sin embargo, indicaron que al llegar al destino, los despojaron de sus pasaportes y, en lugar del empleo acordado, fueron enviados por separado al frente de distintas guerras en los referidos pises.

Los denunciantes, acudieron ante la Procuraduría General acompañados de los activistas de Derechos Humanos de República Dominicana y América Latina, doctor Carlos Sánchez Díaz, Jonathan Báez Matos, María de la Cruz, Hilario Sánchez y Diego Espirella, quienes respaldaron la denuncia y exigieron acciones inmediatas por parte de las autoridades correspondientes.

En tal sentido, los representantes de los Derechos Humanos, solicitaron al Gobierno Dominicano investigar a profundidad ese tipo de acciones y los mecanismos que están usando estos grupos para engañar a ciudadanos con falsas promesas de empleo, para luego enviarlos a conflictos armados como los de Colombia con las FARC y el ELN, Rusia, Ucrania, Israel, Palestina y Medio Oriente.

“Esto constituye una grave violación a diversas convenciones y tratados internacionales que protegen la vida, la dignidad y la libertad de las personas”, señalaron los defensores de derechos humanos.

Los familiares solicitaron al Ministerio Público, a la Cancillería y al Ministerio de Defensa, activar de inmediato los protocolos de búsqueda, protección y repatriación, así como identificar y someter a la justicia a los responsables de este presunto esquema de trata de personas con fines de explotación.

Tras la denuncia, depositaron copias de contratos, conversaciones por WhatsApp, audios y transferencias de dinero que, según afirman, prueban el engaño y la ruta utilizada para sacar a los dominicanos del país, por lo que hicieron un llamado a otras familias que pudieran estar en la misma situación, a que se acerquen a la Procuraduría para unificar las denuncias.

A la vez, Antonia de la Cruz Capellán y Jackeline Grullard Benítez, madre y esposa, respectivamente, de Juan Carlos, uno de los afectados, exhortaron a la ciudadanía a no caer en ese «gancho» concluyeron.