La Asociación Dominicana de Fabricantes de Calzados (ADOCALZA) respaldó los mecanismos implementados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para fortalecer la evaluación de los oferentes en el proceso de adquisición de calzado escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027, y aseguró que los fabricantes nacionales adjudicados cuentan con la capacidad instalada para cumplir con las cantidades contratadas.

La organización destacó como un avance la incorporación de una metodología que relaciona la capacidad instalada de las empresas, sus instalaciones y maquinarias con la mano de obra formal registrada en la Seguridad Social, lo que, a su juicio, permite evaluar de manera más objetiva la capacidad productiva de cada oferente.

“Este mecanismo permite acercar la evaluación a la realidad de las empresas y reducir la posibilidad de que una capacidad productiva sea simplemente declarada sin correspondencia con la infraestructura y el personal disponible”, señaló ADOCALZA.

La asociación afirmó que sus miembros que resultaron adjudicados en el proceso INABIE-MAE-PEUR-2026-0003 cuentan con fábricas, maquinarias, empleados, experiencia y estructuras productivas desarrolladas durante años, por lo que están en condiciones de responder a las cantidades requeridas por el Estado.

Indicó que estas empresas mantienen su producción durante todo el año, lo que les permite preservar los empleos formales y disponer de las cantidades adjudicadas para su despacho, con el propósito de garantizar que los estudiantes reciban el calzado escolar en el tiempo establecido.

ADOCALZA aclaró que no cuestiona la actividad legítima de importadores, distribuidores o comercializadores, pero consideró necesario diferenciar entre comercializar un producto y fabricarlo en República Dominicana.

“Un fabricante debe poder demostrar dónde produce, qué maquinaria posee, con qué personal cuenta y cuál es su capacidad instalada. Esa realidad puede ser verificada físicamente”, sostuvo.

La organización también valoró que INABIE haya fortalecido sus mecanismos de evaluación y consideró que los cuestionamientos registrados en procesos anteriores no deben trasladarse automáticamente al procedimiento actual, debido a que este incorpora criterios y mecanismos de evaluación diferentes.

En ese sentido, rechazó que situaciones particulares puedan utilizarse para presentar a toda la industria dominicana del calzado como incapaz de responder a las necesidades del Estado.

“Si existe una duda sobre una empresa, que se verifique esa empresa; si existe una duda sobre una fábrica, que se visiten sus instalaciones; y si existe una duda sobre su capacidad, que se comprueben sus maquinarias y su personal. Nuestra mejor defensa son los hechos y nuestras fábricas”, afirmó.

ADOCALZA reiteró que no solicita privilegios ni adjudicaciones automáticas para sus miembros, sino procesos transparentes en los que los fabricantes nacionales sean evaluados conforme a su verdadera capacidad productiva.

La asociación sostuvo que la producción nacional y la eficiencia del gasto público pueden avanzar de manera conjunta, al considerar que las compras estatales a empresas que producen localmente contribuyen a sostener empleos formales, inversiones y una cadena productiva nacional.

“Cuando el Estado compra a un fabricante que realmente produce en República Dominicana, no solamente adquiere un producto: respalda empleos formales, inversiones, empresas y una cadena productiva nacional. No pedimos que se nos crea por palabras; pedimos que se nos verifique con hechos”, concluyó ADOCALZA.