Samaná. – El abogado Bunel Ramírez Merán denunció públicamente una supuesta actuación irregular por parte de la fiscal titular de Samaná, Érika Pujols, a quien acusa de perseguir a profesionales del derecho mientras, alegadamente, favorece a ocupantes ilegales en un conflicto de propiedad, razón por la que solicita a la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso a intervenir en la situación.

Ramírez Merán, quien representa al abogado Faustino Morel, explicó que su cliente actúa en defensa de los sucesores de Ramona Calcaño, legítimos propietarios de la parcela 5-B en Samaná. Según afirma, las acciones del Ministerio Público han generado un clima de incertidumbre jurídica que afecta directamente a los dueños del terreno.

De acuerdo con la denuncia, la fiscal habría solicitado órdenes de arresto y medidas de coerción contra Morel, basadas —según el abogado Ramírez Merán— en acusaciones consideradas falsas por parte de los presuntos invasores. Al mismo tiempo, sostiene que las denuncias interpuestas por los propietarios no han recibido la misma atención, lo que, a su juicio, evidencia una falta de equilibrio en la actuación del órgano persecutor.

El jurista también señaló que esta situación no solo limita el ejercicio profesional de su representado, sino que además obstaculiza el derecho de los propietarios a disponer plenamente de sus bienes, en medio de un conflicto que involucra ocupaciones irregulares.

Ante este escenario, Ramírez Merán anunció que en los próximos días procederá con acciones legales y disciplinarias contra Érika Pujols. Asimismo, adelantó que será sometida una recusación formal, alegando la violación del principio de objetividad que debe regir las actuaciones del Ministerio Público.

El caso pone sobre la mesa un tema sensible en la República Dominicana como lo es la seguridad jurídica de la propiedad privada y el rol de las autoridades en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a ocupaciones ilegales.