Santo Domingo. – La Contraloría General de la República (CGR) inspeccionó 337 inmuebles vinculados a contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas entre marzo y agosto de 2026, de los cuales 328 recibieron autorización de no objeción.

El proceso abarcó contratos por más de RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones, como parte de la fiscalización técnica que la institución aplica de manera obligatoria a los alquileres y arrendamientos estatales.

De las inspecciones realizadas, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura evaluó 243 inmuebles y otorgó 236 autorizaciones de no objeción. La Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, por su parte, revisó otros 94 inmuebles y autorizó 92.

El contralor general, Geraldo Espinosa, explicó que las inspecciones buscan verificar en el terreno si los inmuebles cumplen con las condiciones y características requeridas por las instituciones antes de asumir o renovar compromisos de alquiler.

“Cada inmueble que el Estado alquila debe responder a una necesidad real y reunir las condiciones que justifiquen su contratación”, afirmó Espinosa.

351 solicitudes recibidas
Durante los cinco meses analizados, la Contraloría recibió 351 solicitudes de inspección. De ese total, 337 habían sido evaluadas, mientras que los 14 restantes permanecían pendientes o programadas al cierre del período.

Los inmuebles revisados son principalmente oficinas, además de almacenes y estacionamientos. También fueron inspeccionados centros educativos privados alquilados para impartir docencia a estudiantes de escuelas públicas.

Una parte importante de las solicitudes correspondió a renovaciones de contratos existentes, según el reporte de la institución.

Mayor concentración en el Gran Santo Domingo
Las inspecciones se realizaron en distintas provincias del país, aunque los mayores montos contratados se concentraron en el Gran Santo Domingo.

El proceso también incluyó inmuebles ubicados en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras localidades.

El Ministerio de la Mujer fue una de las instituciones con mayor cantidad de requerimientos, con 56 solicitudes relacionadas principalmente con casas de acogida y oficinas. Al cierre del período, la Contraloría había realizado 39 de esas inspecciones.

Espinosa sostuvo que el objetivo es que la fiscalización permita detectar posibles inconsistencias antes de que las instituciones comprometan recursos públicos.

“Nuestro propósito es que el control no sea simplemente un trámite. Debe servir para prevenir, ordenar y ofrecer mayores garantías del manejo pulcro de los bienes del Estado”, señaló.

La fiscalización de los alquileres y arrendamientos estatales es obligatoria desde el 1 de marzo de 2026, de acuerdo con las disposiciones de la Contraloría, como parte del control previo sobre este tipo de contrataciones.