Santo Domingo, R.D. – El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, Mario Díaz, condenó enérgicamente el hecho ocurrido recientemente en la ciudad de Santiago, donde un conductor de un camión compactador de basura perdió la vida tras sufrir una agresión perpetrada por un grupo de motoconchistas, luego de un incidente de tránsito.Díaz calificó este suceso como un hecho grave que interpela a los líderes y actores del sistema de motoconchos organizado, quienes a su juicio han permitido el irrespeto a las normas de tránsito, «la integridad física y la seguridad ciudadana deben ser preservadas y garantizadas por encima de todo», y este tipo de actos evidencia debilidades estructurales en el control del transporte informal.“En el país no se puede seguir permitiendo que conflictos viales deriven en acciones violentas colectivas que causen muertes, se debe poner un ejemplo con ese hecho ocurrido en la ciudad de Santiago, este caso debe ser investigado con todo el rigor de la ley, asegurando sanciones ejemplares para los responsables, conforme al ordenamiento jurídico vigente”, expresó.El dirigente sindical sostuvo que la situación del sector motoconcho plantea un desafío en materia de cumplimiento de la normativa de tránsito, el uso de los espacios públicos y la responsabilidad penal individual y en ese sentido consideró imprescindible que las autoridades fortalezcan la aplicación efectiva de las leyes existentes, evitando la impunidad y promoviendo un marco de orden y legalidad.Díaz propuso la apertura de un proceso de reforma integral del sistema de motoconchos, que incluya la formalización obligatoria de sus operadores, la regulación estricta de las paradas, la identificación plena de los conductores y la implementación de mecanismos de supervisión permanentes.Asimismo, llamó a revisar las políticas públicas vinculadas al crecimiento desordenado del parque de motocicletas, señalando que cualquier medida debe estar sustentada en criterios técnicos, legales y sociales que permitan reducir la siniestralidad vial y prevenir el uso de estos vehículos en actividades ilícitas.