Juan Hubieres, presidente del Movimiento Rebelde, afirmó este martes que la Policía Nacional y los agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron en la posesión de sustancias narcóticas controladas falsas contra choferes del transporte público en el municipio Santo Domingo Norte, son susceptibles de demanda en daños patrimoniales conforme al artículo 57 de la Ley 107-13 sobre la Administración Pública.
Hubieres precisó que, en relación con los choferes afectadas, tendría como competencia en la jurisdiccional del Tribunal Superior Administrativo (TSA), todas vez, que hubo ausencia de cumplimiento del debido proceso en la actuación policial, al no existir una de orden judicial que ordenara al Ministerio Público y a los agentes policiales requisar el vehículo donde se encontraba el supuesto ilícito.
Dijo, además, que otra causa grave, fue que la supuesta sustancia controlada como cuerpo del delito resultó negativa, previo análisis científico practicado por el el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
«No cabe duda de que los agentes policiales han comprometido su responsabilidad bajo la subordinación de sus superiores, debido a que actuaron en nombre de la Policía Nacional por mandato, sin medir la legalidad de sus actuaciones», aseveró Hubieres.
Sostuvo que, «dicha acción ha producido un daño moral, social a los vinculados al supuesto ilícito, quienes fueron detenidos e imputados de un delito que no fue más que una tratativa policial, fuera de toda duda razonable para producir un daño inminente a esos choferes de transporte público».
Afirmó que esa ilegalidad de sus actuaciones, rompen el debido proceso, además, que afectaron derechos fundamentales como la buena imagen de sus nombres, el libre tránsito, la libertad y su dignidad».
En consecuencia, Juan Hubieres precisó que la Policía Nacional y los agentes del Dicrim pueden ser condenados a indemnizaciones de cifras significativas, por el daño causado, que no se satisface con suspensiones de su función ante una investigación interna del cuerpo del orden público.